Estrategia Nacional de Buen Gobierno

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de julio de 2001, con atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitario, en términos de la Ley General de Salud (LGS) y demás disposiciones aplicables. De acuerdo con el artículo 17 bis, fracción II, de la Ley General de Salud a este órgano le compete proponer e instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios. Debido a las condiciones geográficas, sociales y económicas del país, y a la creciente necesidad de dar agilidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades en la materia a nivel nacional, resultó necesaria la participación de los gobiernos estatales con la COFEPRIS para el ejercicio de facultades de control y fomento sanitario, respecto a la atribución de los diferentes órdenes de Gobierno.

Es por lo anterior que con el objeto de incrementar la capacidad de atención y control de los riesgos sanitarios en todo el territorio nacional, en el año 2002 la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, inició la suscripción de Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitario (ACF) con los gobiernos de las entidades federativas, en los que se establecieron compromisos y responsabilidades para el ejercicio de facultades de vigilancia y verificación sanitaria, emisión de autorizaciones sanitarias, generación y envío de información, análisis de riesgos y atención de emergencias. En este sentido, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, en el año 2003 estableció en el reglamento de este órgano desconcentrado, el Sistema Federal Sanitario (SFS) con el propósito de conducir la política nacional de protección contra riesgos sanitarios de manera coordinada con los gobiernos de las entidades federativas, a través de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS).

Derivado del diseño de esta política, resulta fundamental que las acciones de vigilancia y autorización sanitaria sean ejecutadas por parte de las entidades federativas en apego a la normatividad y procedimientos establecidos. Los Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), por la relación que guardan con los sectores regulados y población en general, son instancias públicas vulnerables a actos que atentan contra el debido ejercicio del servicio público (corrupción); lo que compromete los efectos de las acciones de Protección contra Riesgos Sanitarios.

La corrupción implica una apropiación, abuso, violación y/o mal usos del poder público quw ejercen las personas servidoras públicas o representantes de elección popular, con la finalidad de obtener beneficios particulares. Esta práctica supone dos partes: la persona servidora pública que abusa de su cargo y la que promete o entrega cualquier beneficio para ser favorecida. En el contexto de la administración pública, la corrupción se concibe como el abuso de un cargo público para obtener una ganancia privada, práctica que constituye una forma específica de denominación que tiene que ver con un diferencial de poder estructural.

En general, el fenómeno de la corrupción en el sector público puede ser entendido como el beneficio indebido que obtiene un servidor público, a costa del bienestar colectivo o individual por acción u omisión en la realización de su trabajo, el cual puede ser resultado de las deficiencias en los procesos y en la aplicación de las normas, la falta de una cultura ética y organizacional, y la prevalencia de un inadecuado sistema de selección y profesionalización del personal. La corrupción se define como un problema público debido a que representa la desviación de los objetivos del aparato estatal hacia los particulares, lo que genera un impacto negativo en distintos ámbitos de la sociedad reflejados en la desconfianza hacia las instituciones públicas, la limitación en el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, la desigualdad social, la baja calidad y acceso limitado a los servicios públicos.

En cuanto a las causas de este fenómeno, estas pueden agruparse en dos dimensiones: aquellas de carácter subjetivo y las de carácter objetivo o externas en el sujeto 1.

Respecto a las Causas Subjetivas, se pueden enlistar las siguientes:

• Sensación de impunidad, se refiere a la baja percepción de riesgo por parte de los participantes del acto de corrupción de ser descubiertos y/o sancionados.
• Fortalecimiento moral de actitudes individualistas y pérdida de confianza en la función pública, es decir, los intereses personales se convierten en preponderantes por encima del sentido de interés público y de la Administración como salvaguarda de los derechos e intereses de los ciudadanos.
• Imitación o aprendizaje referente al comportamiento de un individuo motivado por el aprendizaje observacional en un ambiente deshonesto.

Respecto a las Causas Objetivas, se encuentran:

• Debilidades de los marcos legales, en este sentido, las malas prácticas tienden a desarrollarse en mayor número y con mayor facilidad en aquellos sistemas legislativos que regulan de manera laxa e indefinida los actos de corrupción.
• Debilidad de los procedimientos y mecanismos institucionales, relativa a la falta de procedimientos fuertes y completos, basados en los principios de publicidad y transparencia que permitan asegurar que la normatividad anticorrupción sea respetada, así como la deficiencia en los mecanismos institucionales de control, monitoreo y buena gobernanza.
• Politización del sector público lo que merma la capacidad objetiva de los funcionarios para tomar decisiones e impulsa una mayor exposición a conflictos de interés
• Monopolio en la toma de decisiones y la discrecionalidad, esto es, una concentración de poder envuelve una alta discrecionalidad en las decisiones y un aumento en el poder de manipulación en los procedimientos
• Oscuridad de los canales de comunicación entre sector público y privado, alude a que un mecanismo difuso, poco transparente y lento de intercambio de información puede generar tramas corruptas si no se realiza con las suficientes garantías jurídicas

Asi mismo, al interior de las instituciones públicas suelen normalizarse y socializarse las prácticas de corrupción, llegando a se toleradas por los integrantes de las organizaciones y a formar parte de las reglas informales de su operación.

La Corrupción en Datos

Una de las áreas susceptibles a la complicidad entre el sector público y privado es la regulación. En el caso de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 y 2020 (ENCRIGE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El sector privado percibe que los actos de corrupción se producen principalmente para agilizar trámites, evitar multas o sanciones, evitar la clausura de un establecimiento, pagar menos impuestos, obtener licencias o permisos y evitar inspecciones (ver Gráfica 1).

Estos resultados derivan, en parte, de que las personas usuarias enfrentan rigidez y poca claridad de los requisitos, tiempos de atención y cuotas de los trámites que realizan, quedando expuestas al abuso del poder e ineficiencia gubernamental. Lo anterior, se refleja en que para el año 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos fue de 12,778 millones de pesos, equivalente a 3,822 pesos promedio por persona afectada (INEGI, 2019).

La COFEPRIS en el año 2019, a través de la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS) en el ámbito de su competencia, identificó elementos esenciales para la debida operación de las 32 Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS).

Derivado de estos resultados, la CGSFS, con la atribución de integrar y sistematizar los objetivos del SFS, emitió recomendaciones a las APCRS para promover la implementación de dichos elementos a nivel nacional, teniendo como resultado un incremento de los mismos en el año 2020, como se puede observar en la Tabla 1.

No obstante del avance en estos elementos, se considera necesario llevar a cabo acciones específicas que permitan una mayor integridad en la ejecución de los procesos de operación y autorización sanitaria con la finalidad de prevenir posibles actos contrarios a la ética pública.

De esta manera, la COFEPRIS aborda la prevención del fenómeno de la corrupción en las APCRS por medio de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, a fin de fortalecer el correcto y adecuado cumplimiento del servicio público con acciones puntuales que contribuyan a la eficacia y eficiencia de las acciones de regulación, control y fomento sanitario a nivel nacional.

Avances

Estrategia

La presente estrategia será implementada en apego al marco normativo vigente en materia de protección de la salud contra riesgos sanitarios, orientada a promover los valores, las reglas de integridad y ética en el servicio público en las APCRS, en el pleno y debido ejercicio de las personas servidoras públicas, mediante la prevención de conductas que representen posibles actos de corrupción y que repercutan en la debida ejecución de la persona servidora pública.

En el contexto del Código de Conducta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene por objetivo el establecer principios, valores, reglas de integridad, conductas y compromisos, qué deberán ser observados, promovidos y respetados para todo el personal de la COFEPRIS, con la finalidad de que la institución se distinga por el cumplimiento de los estándares éticos y de desempeño profesional en la protección contra riesgos sanitarios; y en concordancia con el marco normativo y el marco conceptual de la corrupción, la presente estrategia busca fortalecer la prevención de posibles actos de corrupción en las APCRS, a través de la implementación de 5 ejes estratégicos que tienen como propósito cumplir la ejecución de 20 actividades específicas, que, a su vez, coadyuvarán al logro del objetivo principal de la presente estrategia.

Estos ejes son:

EJE ESTRATÉGICO I

Formalización de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario con las entidades federativas.
Objetivo específico I: Establecer compromisos a nivel federal y estatal, para homologar herramientas y mecanismos de operación con el fin de prevenir actos discrecionales y/o de corrupción y promover la integridad en el servicio público del Sistema Federal Sanitario.

EJE ESTRATÉGICO II

Fomento para la prevención.
Objetivo específico II: Elaborar, promover y coordinar campañas de difusión y comunicación de prevención y denuncia responsable de actos discrecionales y/o de corrupción, dirigidas a los servidores públicos y a los sectores regulados.

EJE ESTRATÉGICO III

Equipamiento tecnológico y supervisión integral.
Objetivo específico III: Detectar desviaciones en los procesos de regulación, control y fomento sanitario, a través de la supervisión integral y el uso de tecnología, para dar certeza sobre la correcta ejecución de los mismos.

EJE ESTRATÉGICO IV

Fortalecimiento de la integridad y la vinculación institucional.
Objetivo específico IV: Implementar acciones de capacitación para fomentar los principios, valores y reglas de integridad en el servicio público, así como fortalecer la vinculación institucional con las instancias competentes, con el propósito de dar certeza sobre la correcta ejecución en los procesos de regulación, control y fomento sanitarios.

EJE ESTRATÉGICO V

Monitoreo y evaluación de la Estrategia de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario.
Objetivo específico V: : Medir el avance y alcance de la Estrategia de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, para la toma de decisiones tendientes a prevenir la corrupción en las APCRS.